Una niña de 6 años aparece muerta en una clínica dental de Alzira (Valencia), mientras se sometía a un tratamiento dental. Esa misma clínica estaba investigada por negligencia al propiciar un internamiento hospitalario a otra paciente de 4 años, unas semanas antes.
Ambas pacientes recibieron una sedación para la que el centro no tenía autorización, según ha confirmado la investigación policial. Una de ellas luchó por su vida en la UCI de pediatría del Hospital Clínico de Valencia; mientras la otra no logró sobrevivir.
Los hechos comenzaron cuando la niña de 4 años, atendida por la mañana, empezó a presentar fiebre, vómitos y somnolencia poco después de regresar a casa. Su familia la llevó de urgencia al Hospital de La Ribera, donde, ante la gravedad de su estado, fue trasladada a la UCI del Hospital Clínico. Días después, otra niña, de 6 años, entraba en parada cardiorrespiratoria en plena intervención dental, justo después de recibir la anestesia. Los sanitarios intentaron reanimarla sin éxito.
La investigación ha revelado que la clínica solo tenía permiso para aplicar anestesia local, pero aun así suministraba sedación intravenosa, un procedimiento que, por ley, exige autorización específica y la presencia de un anestesista contratado por el centro. En este caso, el anestesista no formaba parte de la plantilla, sino que colaboraba de manera externa. Además, los agentes han descubierto que obtenía los fármacos de forma ilícita, sustraídos del hospital de Manises, donde trabajaba.
Tanto el anestesista como la propietaria de la clínica han sido detenidos, acusados de homicidio imprudente, delitos contra la salud pública, omisión de socorro y, en el caso del anestesista, hurto. Una tragedia que ha encendido todas las alarmas sobre el control de la sedación en consultas dentales, un ámbito donde, según los expertos, los protocolos están bastante definidos… pero no siempre se cumplen.
El uso de la anestesia en las clínicas dentales
El uso de la anestesia en odontología es un procedimiento cotidiano, seguro y bien regulado, pero a raíz de casos como el ocurrido en Valencia surge la necesidad de explicar con claridad cómo funcionan estos métodos y en qué situaciones se utilizan.
La gran mayoría de tratamientos dentales se realizan con anestesia local infiltrada, una técnica que adormece únicamente la zona del diente que va a ser tratado y que se aplica mediante una pequeña inyección en la encía. Este procedimiento es suficiente para intervenciones tan habituales como obturaciones, endodoncias y extracciones sencillas, y su tasa de complicaciones es mínima. Los fármacos empleados, como lidocaína, articaína y mepivacaína, actúan rápido y permiten trabajar sin dolor, aunque pueden generar efectos temporales como inflamación en el punto de inyección, pequeños hematomas o, de manera poco frecuente, reacciones alérgicas.
Cuando el tratamiento es más complejo o el paciente sufre ansiedad intensa, puede recurrirse a sedación consciente, una técnica que induce un estado de relajación sin pérdida de consciencia. Esta modalidad, que puede administrarse por vía intravenosa o mediante óxido nitroso, requiere la presencia de un anestesista titulado y una autorización específica, ya que implica un mayor riesgo cardiaco y respiratorio. No se recomienda la sedación consciente en niños.
Solo en casos excepcionales, como cirugías extensas o situaciones médicas muy concretas, se emplea anestesia general, siempre en centros equipados para tal menester.
Procedimientos más invasivos, como la colocación de implantes o determinadas cirugías orales, siguen estos mismos principios. Aunque puedan parecer intervenciones más complicadas, la anestesia local suele bastar para realizarlas sin dolor. La sedación se reserva únicamente para pacientes con necesidades particulares o tratamientos muy prolongados.
Gracias a la evolución de los métodos anestésicos y al estricto marco legal que los regula, la odontología moderna es un campo seguro. La clave está en que los centros cumplan la normativa y cuenten con profesionales acreditados, algo que, cuando falla, puede tener consecuencias tan graves como las que hoy investiga la justicia.
España, un país de dentistas.
En España tenemos 42.860 dentistas colegiados. Un dentista por cada 1.171 habitantes. 85 dentistas por cada 100.000 habitantes. Somos uno de los países con un ratio de dentistas más altos de Europa. La media de la Unión Europea está en 76 dentistas por cada 100.000 habitantes. Estamos superados por países como Bulgaria, con 112 dentistas y Grecia, con 123 por cada 100.000 habitantes.
La alta densidad de dentistas en España no se debe a que la población española tenga los dientes en muy mal estado, ni a que tengamos un especial interés por el cuidado de la boca. Como tampoco sucede en Grecia, con una cultura mediterránea similar a la nuestra. La atención dental, completamente privada, no cubierta por el servicio público de salud, se ha convertido en un nicho lucrativo de negocio.
Relacionar la salud con el dinero es peligroso. Ya que se antepone el beneficio empresarial sobre la vida y la salud de las personas. Si se lleva al extremo, pueden aparecer prácticas como la que hemos visto en la clínica dental de Alzira.
Privatizar áreas de la sanidad, como la salud dental, aparentemente inofensiva, obliga a las administraciones públicas a extremar el control sobre los centros sanitarios. También nos obliga a los usuarios a informarnos sobre los protocolos y credenciales de los centros de salud y los facultativos en los que depositamos la confianza de cuidar de nuestro cuerpo.
En Expediente Abierto no queremos alarmar sobre la visita a un dentista o a un podólogo, pero sí avisar, puesto que si esto ha pasado en Alzira, puede pasar en otro sitio.
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