Según la ONU, los casos documentados de violencia sexual relacionada con conflictos armados ha aumentado un 87% en los dos últimos años. El número de víctimas civiles de mujeres y niños en ese mismo periodo se ha multiplicado por cuatro. Antonio Guterres enfatizaba en su discurso que “las graves violaciones cometidas contra mujeres y niñas en Afganistán, República Democrática del Congo, Haití, Myanmar, Sudán y el Territorio Palestino Ocupado ilustran los riesgos extremos a los que están expuestas”.
Y no es por casualidad. El mundo alcanzó su pico más alto de guerras activas desde la 2ª Guerra Mundial en el 2025. Durante el año pasado se contabilizaban 56 conflictos activos con 92 países involucrados. Pero si los conflictos son políticos y militares, ¿qué pasa con la violencia sexual en estos casos? ¿Para qué se utiliza?
La violencia sexual como arma de guerra no son daños colaterales. Es un mecanismo consciente y planificado para generar el mayor daño posible. Mediante la violación, la esclavitud sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, la prostitución forzada y otras formas de explotación sexual. También mediante la transmisión de enfermedades venéreas como el VIH o la esterilización. Y también a modo de limpieza étnica.
Es también una represión política a la población civil. Utilizada para desgarrar comunidades socavando la cohesión social. Fragmentando a las familias y profundizando en las divisiones sociales. Ambiciona romper el tejido comunitario de la población mediante el control y la intimidación a través del miedo y el terror. Atacando a las mujeres destruyen el tejido social. Destruyen generaciones enteras.
Este tipo de violencia es considerado un método muy eficiente de la guerra moderna y una de las tácticas más utilizadas tras la guerra fría. Es un arma barata que genera un daño enorme. Los cuerpos son utilizados a modo de territorios de conquista, colonización y destrucción. Imponiendo la humillación, control y poder sobre la población. Y con un alto grado de impunidad.
En la práctica totalidad de estos conflictos se han documentado episodios de violencia sexual llegando a alcanzar proporciones endémicas en algunas de ellas. Como en Sudán donde más de 12 millones de mujeres y niñas corren riesgo de sufrir agresiones. La guerra en este país ha obligado al desplazamiento de unos 13 millones de personas y ha destruido el sistema de salud. Los testimonios narrados por víctimas de este tipo de violencia son escalofriantes.
En Haití, más de dos tercios de los casos reportados de violencia son sexuales. En la República Democrática del Congo, que se ha convertido en uno de los epicentros mundiales de estas violencias, se registraron 38.000 casos solo en Kivu del Norte durante los primeros meses del año, tras la ofensiva de los rebeldes del M23 en la zona.
Como no, Israel utiliza la violencia sexual y reproductiva contra los palestinos «como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación, y ha cometido actos genocidas mediante la destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva», como denuncia un informe de la ONU.
No es una táctica nueva. Pero son numerosos los ejemplos históricos recientes. Por ejemplo la partición de India y Pakistán dejó unas 70.000 mujeres víctimas de violencia sexual, así como entre unas 200.000 y 400.000 en la creación de Bangladesh en el 1971. En 1994, durante el genocidio de Rwanda, se estima que 500.000 mujeres fueron violadas. O la guerra de Bosnia donde la utilización sistemática de la violencia sexual se convirtió en instrumento recurrente como parte integral de la limpieza étnica.
Los casos de Rwanda y Bosnia son importantes por los procesos judiciales posteriores donde se tipificó como crimen de guerra la violencia sexual por la Corte Penal Internacional en 1998. En el Estatuto de Roma se definió la jurisdicción de esta institución para juzgar este tipo de actos.
Esto supuso un avance en materia legislativa, pero en los hechos la mayoría de los casos quedan impunes, permitiendo su práctica tal como indican las estadísticas.
Por otro lado, la coordinación de ayuda a las víctimas también es insuficiente. Éstas atraviesan enormes dificultades para acceder a la atención que necesitan. Se encuentran con obstáculos como la estigmatización social, el temor a represalias y el sencillo hecho de que, muy a menudo, los servicios locales están desfinanciados, saturados o fuera del alcance de quienes los necesitan.
Frente a todo esto, es indispensable la organización de las mujeres contra esa impunidad y en la lucha por la erradicación de estos crímenes. Trabajar para garantizar el apoyo y recuperación de las víctimas de unas secuelas incompatibles con la vida. Es clave la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre estos conflictos y en los procesos de reconciliación posteriores. Es imperativo darles voz y visibilidad. Hagamos que nuestro grito acalle tanta barbarie.
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