Así lo puso de manifiesto un casero de La Coruña en un programa de la televisión gallega. Quien dijo que si el gobierno le obliga a pagar más IRPF por subir el alquiler, lo pagará. Lo único que le importa es que le paguen el alquiler todos los meses y que los inquilinos dejen los pisos en las mismas condiciones, como mínimo, que cuando se lo entregaron. En ese sentido, opina, que los arrendadores están desamparados por la ley. Afirmaciones como esta nos coloca a las personas que vivimos de alquiler en presuntos delincuentes y posibles individuos desalmados.
La web Verificat señala que los grandes tenedores, propietarios de más de 6 inmuebles en alquiler, copan el 45% de los pisos que se alquilan en Barcelona. Son 8.500 propietarios, pero solo representan el 2,8% del total.
Los caseros con 2 o 3 pisos en alquiler abarcan el 15% de la oferta. Y los propietarios de 4 o 5 pisos, un 10%. Por tanto, son los grandes propietarios, los que marcan las reglas del mercado.
El 77,3% de los grandes tenedores están constituidos como empresa. Por lo que una subida del IRPF no les afectaría, ya que tributan mediante el Impuesto de Sociedades. Entre estos grandes propietarios encontramos a los Fondos Buitre, Fondos de Inversión y propietarios que se legalizan como empresa para pagar menos impuestos. Con esta propuesta, la medida que propone el gobierno para limitar la subida de los alquileres tendrá una eficacia reducida.
A esto hay que añadir el tema de la ocupación. Que se está intentando convertir en un problema social de primera magnitud. Los ocupas, en España, son un fenómeno anecdótico y marginal. Dentro de este concepto se está intentando incluir la figura del “Inquiocupa”, que no es otra cosa que el inquilino que no paga el alquiler de su piso. Un suceso comprensible si tenemos en cuenta que el alquiler medio en Madrid está por encima de los 1.500 € o que los barceloneses destinan el 56% de sus ingresos familiares a pagar el lugar en el que viven.
Una relación conflictiva.
Una encuesta efectuada por ING Direct entre 1.700 inquilinos de todo el país pone de manifiesto que la relación entre casero y arrendatario da lugar a conflictos habituales en un 48% de los casos.
Un 34% de los encuestados afirman haber vivido episodios violentos con sus caseros en algún momento durante el contrato de alquiler. Episodios que derivan en discusiones subidas de tono, en amenazas de expulsión o en advertencias de subir el precio del alquiler.
Justamente, las subidas abusivas o injustificadas del precio del alquiler representan un 30% de estas disputas. Subidas que se dan, ya no solo en la renovación del contrato, sino incluyendo conceptos como el pago del impuesto municipal de basuras, aunque no esté incluido en el texto contractual.
Un 55% de los inquilinos afirman que sus caseros se desentienden del arreglo de las reparaciones del hogar (averías de electrodomésticos, calderas o aires acondicionados que se estropean, daños en las instalaciones del agua o de la electricidad). Gastos, que muchas veces se ven obligados a enfrentar los inquilinos y los caseros no devuelven.
Los entrevistados opinan que el 70% de las viviendas en alquiler no tienen las reformas adecuadas ni las instalaciones propicias para ofrecer un inmueble con una calidad suficiente para ser habitado.
La relación entre inquilino y casero nunca se da en condiciones de igualdad. El primero tiene una necesidad básica, un lugar en el que vivir, y el segundo desea hacer negocio con la carencia ajena. Se dice que la legislación española es garantista con el inquilino, pero en los hechos funciona el miedo y el chantaje.
Todos los caseros no son iguales porque no pueden.
Entre amplios sectores de la población, incluidos algunos colectivos progresistas, se extiende la idea de que si el casero es un fondo buitre es malo, pero si es un particular es bueno, y debemos entenderlo. Vamos a entrar a fondo en esta concepción.
Para ello, en un primer momento, vamos a excluir a los caseros que solo tienen un piso. Son la mayoría, un 70% del total, pero son los que menos incidencia tienen en el mercado. Tampoco viven del alquiler, no es un negocio. El alquiler representa una ayuda para costear una hipoteca o para complementar un sueldo o pensión.
En estos momentos, en España, el precio del alquiler está por encima de la mensualidad de un crédito hipotecario. Por lo que solo con alquilar un piso, que se está pagando al banco, ya se obtiene algo de beneficio.
Partamos del supuesto de un casero que tiene dos pisos en alquiler por 700 € cada uno, y está pagando la hipoteca de uno de ellos. De entrada, recibe un beneficio de 700 € al mes. Si alquila 3 pisos, y solo está pagando la hipoteca de uno, el beneficio es de 1.400 €, más del Salario Mínimo Interprofesional, sin trabajar.
Se dice que hay que ser comprensivo con los caseros porque pagan la “contribución” (Impuestos de Bienes Inmuebles) y la comunidad de la escalera. La contribución media en Barcelona está en 660 €, por lo que invierten un mes de alquiler en impuestos y tienen 11 meses de beneficio. La cuota de la escalera puede ser de 100 €, por lo que de cada mes reciben 600 euros limpios.
Entre alquiler y alquiler, el propietario debe asumir las reformas del piso y la puesta a punto, `para volver a ponerlo en el mercado. En un año de alquiler, más los dos meses de fianza, el propietario ha obtenido 9.800 €. Partamos de que los invierte en el piso, cosa que no todos los caseros hacen. En los otros 4 años ha ganado 33.600 € sin hacer nada.
Ahora bien, en ninguna gran ciudad de este país se encuentran ya alquileres por 700 €. Lo hemos visto en Madrid y en Barcelona. Pero también se da en el resto del territorio nacional. En Valencia, los alquileres subieron un 15% en el 2025. En Murcia la subida se ha situado en un 23,5% en los últimos 5 años.
Aquí también incluimos a los caseros que solo tienen un piso. Quien con mucho gusto se suman a la tendencia que imponen los grandes tenedores. Si en Madrid o en Barcelona se están alquilando pisos por un dineral, ¿por qué no hacerlo en Valencia o en Murcia? Si puedo cobrar por un alquiler 1.100 €, ¿por qué voy a alquilar el piso por 700?
¿Por qué se defiende al casero y se ataca al inquilino?
La relación entre un casero y su inquilino implica un cierto grado de antagonismo nada desdeñable. El 80% de las personas que vivimos de alquiler lo hacemos porque no podemos comprar un piso (inestabilidad laboral, insuficientes ingresos, dificultad para acceder a un crédito hipotecario, etc.) Los caseros lo saben, y se aprovechan de esta debilidad para sacar el máximo beneficio.
No se puede estar al mismo tiempo al lado de los caseros que de los inquilinos. Como no se puede estar al lado del empresario y del trabajador. O defiendes a uno o al otro. La historia nos ha demostrado que el “win-win” no existe.
Ahora bien, el ataque a los inquilinos se ha vuelto más desaforado. Se han creado empresas de “Desocupación” que se dedican a acosar a inquilinos que no pueden pagar el alquiler, tratándolos de ladrones. Hace unos días, la derecha española en pleno (PP, Vox, Junts y PNV) se opusieron, en el Congreso de los Diputados, a aprobar una lista de medidas anti-desahucio para proteger a los inquilinos más vulnerables
Esto se hace ahora porque los inquilinos hemos empezado a organizarnos en sindicatos para defender nuestros derechos. Y porque plataformas como la P.A.H. o “Stop-Desahucios” trabajan más en el sector de los alquileres que en el de los propietarios hipotecados.
Provincias como Toledo y Segovia están experimentando un auge del alquiler ante la imposibilidad de los madrileños de encontrar un alquiler asumible en su comunidad autónoma. Los trabajadores estamos siendo expulsados de nuestro entorno de vida y de trabajo para enriquecer a unos pocos. Tenemos que desplazarnos a más de una hora en coche de nuestro lugar de trabajo, nuestra familia y nuestros amigos, para poder vivir.
En estas circunstancias ha llegado el momento de plantearse intervenir el mercado del alquiler. Como ya se hace con la venta de tabaco, alcohol y medicina. Alegando razones de salud pública.
Esta intervención significa poner un límite a los alquileres. Partiendo de la renta media per cápita en ciudades, pueblos y barrios, y velando porque el alquiler no supere el 30% de los ingresos medios familiares en la zona.
Hay que proponerse expropiar a los grandes tenedores. Aunque eso signifique enfrentarse directamente a poderosos fondos de inversión.
Y controlar y limitar muy de cerca los alquileres temporales y vacacionales, que contribuyen al aumento del precio de los pisos y representan una de las derivas más acentuadas del alquiler inmobiliario.
El acceso a una vivienda digna no se puede convertir en un lujo.
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