Entre los últimos meses del curso pasado y lo que llevamos de este, se han producido tres suicidios motivados por bullying. El suicidio es solo la punta del iceberg de un problema de mayor calado. Muchos padres desconfían de la eficacia de los protocolos públicos para combatirlo.
Este mes de octubre se suicidó Sandra Peña, de 14 años en Sevilla. Unas semanas antes lo hizo Dani Quintana en Lleida, con 15 años de edad, y a finales del curso pasado Lucía, de 12 años, en Santa Cruz de Tenerife. Tanto en el caso de Sandra como de Dani, ambos habían denunciado previamente el acoso escolar en el centro
Según los psiquiatras, el suicidio es la respuesta última ante una situación de acoso sostenida en el tiempo. Una manifestación de depresión o ansiedad. Una salida a la desesperada ante un problema que el sujeto que lo sufre, no ve solución.
La radiografía del bullying en España.
Según datos del Ministerio de Educación, uno de cada 10 alumnos de primaria o secundaria sufre bullying. Son alrededor de 200.000 alumnos al año. Las asociaciones contra el bulling opinan que estas cifras se quedan cortas, y que el acoso escolar puede rondar hasta el 25% del alumnado. Aunque la mayoría de los casos, según estas asociaciones, no se denuncian o no se les presta la atención que se merece.
El bullying afecta al 9,3% del alumnado de primaria. Un 9,2% sufre ciberacoso. El 42% de los casos de bullying se extiende durante varios meses y un 27% suele abarcar prácticamente todo el curso.
La agresión más frecuente son los insultos y las burlas pesadas, aproximadamente un 90% de los casos denunciados. Un 32% afirman que han sido objeto de marginación o se les ha hecho luz de gas. Solo un 20% han sufrido agresiones físicas.
El 70% de los casos de bullying son infringidos de manera colectiva. Aunque siempre se detecta un cabecilla o un pequeño grupo que es el instigador. A él se le suma una masa de alumnos con la intención de ser aceptados por el líder o cabecilla.
En el 99% de los casos, los acosadores son conscientes de que están haciendo daño al niño agredido. Incluso, no tienen problema en admitirlo y pedir disculpas en grupo si el profesor lo exige. Aunque esto no ofrece ninguna garantía de que vayan a cambiar de actitud.
Protocolo contra el acoso escolar de la Junta de Andalucía.
El tratamiento del bullying, al darse dentro de los centros educativos, forma parte de las competencias de educación transferidas a las comunidades autónomas. Comunidades como Madrid y Cataluña tienen aprobado un protocolo para combatirlo. Reproducimos a continuación los 11 puntos del protocolo anti-acoso de la Junta de Andalucía tal y como fueron publicados en el diario Público:
- Identificación y comunicación de la situación de acoso: cualquier miembro de la comunidad educativa informa al centro.
- Traslado inmediato a la dirección del centro y comunicación al Servicio Provincial de Inspección.
- Adopción de medidas de urgencia para proteger a la víctima y evitar que continúen las agresiones.
- Notificación a las familias o responsables legales del alumnado implicado. Comunicación a otros profesionales del centro (equipo docente, orientación) y, si es necesario, a entidades externas.
- Recogida de información de distintas fuentes (entrevistas, observaciones, informes, etc.).
- Aplicación de medidas correctoras o disciplinarias al alumnado agresor según normativa del centro.
- Comunicación a la Comisión de Convivencia del centro del informe sobre el caso.
- Comunicación formal al Servicio Provincial de Inspección mediante informe del centro.
- Apoyo emocional, seguimiento y atención a la víctima a largo plazo.
- Programas de reeducación para el agresor, incluyendo la implicación de su familia.
- Evaluación de la intervención, seguimiento del caso y cierre cuando se garantice que la convivencia se ha restablecido.
Los colegios no aplican el protocolo.
En el caso de Sandra Peña, la chica que falleció en Sevilla, el colegio donde estudiaba reconoció que no aplicó el protocolo. De los 11 puntos del plan de actuación contra el acoso solo puso en marcha el primero. Abrió una investigación sobre los hechos denunciados y tomó la decisión de cambiar a Sandra de clase, pero no notificó el caso a la inspección de enseñanza, que sería el siguiente paso.
A partir de esa acción, Sandra se topaba con sus acosadores en el patio del colegio, en el comedor y a la salida de clase, los cuales actuaban contra ella con mucha más saña.
El caso de Dani Quintana es otro donde el Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya no tiene constancia de que se hubiera abierto ningún expediente. Y eso que su madre expresa que comunicó el acoso del que era objeto su hijo en varias ocasiones al instituto.
Todo apunta a que los centros no ponen en marcha el protocolo por las consecuencias en cuanto a su reputación que pudiera implicar abrir un expediente de investigación de acoso escolar. En el caso de centros concertados, parece como si hacer público que hay bullying en sus aulas pusiera en peligro la recepción de subvenciones.
Para algunos centros públicos, admitir el bullying es como reconocer que son un colegio conflictivo. Algo que puede hacer que baje la calidad del alumnado que recibe. Es decir, que se conviertan en un centro donde prima la atención a la diversidad (inmigrantes, niños en situación socio-económica delicada, casos de fracaso escolar, etc.) Algo que sus equipos directivos no están dispuestos a aceptar.
Este parece ser el problema principal en la lucha contra el bullying. Por otro lado, algunos afectados opinan que la normativa es demasiado blanda con los agresores. Y puede ser que no les falte razón. En un alto porcentaje de niños que han sufrido acoso escolar, los padres han optado por cambiarlos de centro.
A lo mejor sería adecuado plantearse expulsar a los agresores. Al menos a los cabecillas. Que sean ellos los que estén obligados a cambiarse de colegio, no las víctimas.
Ahora se habla más del bullying que nunca, pero mientras se siga viendo como “cosas de niños”, nunca va a encontrar solución.
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