Miles de tractores toman Barcelona.

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El campo en lucha. No es la política ecológica, son los monopolios. Las grandes multinacionales de la distribución alimenticia fijan el precio de los productos. Los agricultores se ven obligados a venderlos, muchas veces, por debajo de su coste de producción. El campo europeo y español ha reventado de hartazgo. El miércoles 3 de febrero, varios miles de tractores entraron en Barcelona por la Diagonal y la Meridiana, coincidiendo en la Plaza Sant Jaume. En toda España hay más de 20 focos de acción de los agricultores.

Hasta 11.000 tractores se llegaron a sumar a la columna de pageses que partía de Lleida. En la provincia de Barcelona se juntaba con la marcha que salía de Vic. En su camino hacia la ciudad condal iban sumando vehículos agrarios. En el otro extremo de Cataluña, en las tierras del Ebro de Tarragona, se iba conformando otra columna, aglutinando a su paso a centenares de agricultores.

Movilización de tractores en otras partes de España.

La rebelión del campo se inició en Francia hace dos semanas. Con una huelga que concluyó tomando París. El ejemplo francés pronto se extendió por toda Europa: Italia, España, Portugal, Hungría. La problemática del campo europeo es similar en todos los países. Alimentos que se venden casi por su precio de producción, mientras en las repisas de los supermercados los encontramos cada vez más caros. Dicen que la causa es la inflación, pero por el camino, parece que alguien se está llenando los bolsillos, y no son los agricultores.

Las marchas que estamos viendo estos días se organizan por grupos de Whatsapp. Los participantes se reúnen en asamblea y deciden los pasos a seguir. Su objetivo principal es bloquear los puertos y los grandes mercados de mayoristas de las  ciudades. No son manifestaciones al uso. No piden permiso para concentrarse. Fruto de ello, algunos participantes son multados e incluso detenidos. Les da igual. Están luchando por su futuro. El futuro del campo.

El problema del campo son los monopolios.

Los precios de las materias primas agrícolas los fijan multinacionales. En concreto, el de la leche, lo establece Nestlé en función de lo que paga a los ganaderos por litro.

El precio de un litro de leche de marca blanca en cualquier supermercado lo encontramos en torno a 1 €. Según datos publicados en el periódico digital Campo Galego, un ganadero percibe por cada litro de leche 48 céntimos. El coste de producción de esa leche se sitúa en 39 céntimos el litro. Los ganaderos cobran por cada litro de leche 9 céntimos.

El precio de la leche en origen se revisa cada 3 o 4 meses. Las centrales lecheras lo fijan en función de sus intereses. A lo largo del 2024, se rebajó 10 céntimos por litro. Una explotación agraria media de Galicia cobrará este año por la misma producción 37.720 € menos que el año pasado.

El problema de la leche se puede extrapolar a cualquier producto agrario. Por eso no es de extrañar que agricultores valencianos se nieguen a recoger las naranjas, porque les sale más rentable dejar que se pierda la cosecha que contratar mano de obra para cosecharla.

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Los medios de comunicación hablan de que los agricultores se quejan de la excesiva burocracia. De que las exigencias medioambientales europeas encarecen los costes de producción. De que se exigen unos requisitos a los productos agrarios europeos que no se aplican a los productos importados fuera de la Unión Europea. Tienen razón en ello, pero no es el problema principal.

Una cadena como Carrefour le da igual si los tomates que venden se han producido en Murcia que si los ha importado de Marruecos. Lo que le importa es comprar el producto lo más barato posible y obtener el máximo margen de beneficio.

Las leyes europeas benefician a las grandes cadenas de distribución y perjudican a los productores. Nadie se ha querido meter en este asunto, pero quizás ha llegado el momento de intervenir el precio de las materias primas agrarias y potenciar el producto de proximidad.

El latifundio y el caciquismo lastran el campo español.

Cuando la Política Agraria Comunitaria (P.A.C.) atravesaba la época de bonanza en cuanto a las subvenciones, la mayor parte de las ayudas europeas se las llevaban los grandes propietarios, frente a los pequeños y medianos agricultores, que conforman la mayor parte del campo español. Según datos publicados en el periódico El Independiente, en el 2020, las tres empresas propiedad de la Casa de Alba recibieron 3 millones de euros en ayudas de la Unión Europea.

Se puede pensar que como tienen muchas tierras, sus costes son mayores. Según el registro mercantil, en las empresas de los Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo  trabajan 139 personas. Menos que en muchas medianas empresas españolas. Todos los que estamos en contacto con la producción sabemos que el coste más significativo en cualquier proceso productivo es la mano de obra. Hay empresas de logística que tienen más trabajadores que la Casa de Alba.

La causa de esta situación de privilegio se debe a que las ayudas de Europa se centraban en la extensión de las tierras de cultivo o en las ayudas al árbol, en el caso del olivo. No estaban guiadas por criterios de producción.

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Otro fenómeno que persiste en la España Rural es el caciquismo. Ahora que estamos en plena campaña electoral de las Elecciones Gallegas, Emilia Pardo Bazán ya denunciaba hace más de 100 años en la novela “Los Pazos de Ulloa” la estrecha relación que se daba en los pueblos entre los grandes hacendados y el poder político. Un fenómeno que existe hoy en nuestros días, y que se da diferentes formas por distintas partes de España. Como sucede con los grandes monopolios, estas personas influyentes miran por sus intereses. Suponen un lastre para el desarrollo económico y social de los pueblos y del mundo rural.

Estas movilizaciones de agricultores que estamos viendo estos días ponen en evidencia una parte de la realidad de España y de Europa que se ha intentado mantener oculta.