Comparte. La promotora catalana de cooperativas de viviendas Sostre Civic apoya todas las movilizaciones que se están realizando en pro del acceso a una vivienda digna, incluida la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre. Así lo hacen saber en un comunicado que nos han hecho llegar a Expediente Abierto, lo han enviado a otros medios de comunicación y a sus cooperativistas y lo han publicado en su Boletín Mensual. Según el Consejo Rector de Sostre Civic, los desahucios a personas vulnerables en Cataluña y en España han creado una ola de indignación y de movilizaciones, y han sacado a la superficie una realidad que se mantenía escondida. La de personas que les echan de sus casas, aún pagando el alquiler, y la de otros muchos que no pueden tener un techo porque no se lo pueden costear. Una parte de la población ha dicho basta. Sostre Civic es una asociación que nace en el 2004, como una organización pionera en Cataluña en la difusión de cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. Una alternativa a la compra tradicional de vivienda en pleno auge de la economía del ladrillo, que años más tarde se tradujo en una crisis económica sin precedentes. En el 2010 se constituyen como Cooperativa, para impulsar los primeros proyectos de cooperativas de compradores, en las que los usuarios se asociaban para comprar juntos el suelo, gestionar la obra o rehabilitación de la finca y no estar atados a las exigencias de una constructora. Desde la crisis del 2008-2012 la situación de la vivienda en Cataluña y en España no solo no se ha resuelto, sino que estamos aun peor. La vivienda continúa siendo un bien de lucro y de especulación y no un derecho básico de los ciudadanos. Los decretos del gobierno eran necesarios, pero insuficientes. En su comunicado, Sostre Civic opina que los decretos Maricarmen, que el gobierno intentó ratificar en el Congreso de los Diputados y que fueron retirados por los votos en contra de PP, Vox y Junts, eran necesarios. Y será una alegría si al final son aprobados por la comisión del congreso, aunque se dé en periodo electoral. Son medidas buenas para detener los desahucios a personas vulnerables, ofrecen un poco más de tranquilidad a los inquilinos al poder prorrogar los contratos dos años más y se multa a los propietarios que mantienen viviendas fuera del mercado, con la intención de encarecer los precios. Sin embargo, no toman medidas para bajar el precio de los alquileres, que en estos momentos es abusivo, y mantienen los privilegios fiscales de sociedades de inversión y de grandes propietarios. En lo que se refiere a soluciones alternativas y colectivas, sin ánimo de lucro, el gobierno las desprecia completamente en sus decretos. No da facilidades para acceder al suelo, ni aplica una rebaja del IVA para los usuarios que adquieran su vivienda por medio de una cooperativa. Reclamaciones históricas del movimiento cooperativista en España. El decreto del gobierno introduce el concepto de “proveedores sociales de vivienda”, pero lo deja abierto. La gente que está metida en movimientos colectivos de vivienda no sabe a qué se refiere. Si es que las administraciones (gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos) van a construir vivienda pública, si van a desarrollar programas de alquiler social o si van a obligar a los constructores a que destinen una parte de sus promociones a vivienda social. Todo queda en el aire. Lo que da a pensar que el problema de la vivienda está lejos de solucionarse. El cooperativismo como una alternativa a la situación de la vivienda. En un mercado inmobiliario en el que rige el máximo beneficio a cualquier costa, aunque eso suponga echar a los habitantes de un inmueble a la calle porque no pueden asumir las condiciones impuestas, o porque el propietario piensa que va a ganar más sin ellos; construir relaciones basadas en la colaboración mutua y en que los agrupados se protejan unos a otros es básico para no ser arrollados. Esta protección la proporciona el cooperativismo. En una cooperativa de viviendas con cesión de uso, todo el edificio es propiedad de la cooperativa. Una asociación sin ánimo de lucro. Por lo que es más complicado emprender acciones legales contra una organización de este tipo que contra un ciudadano particular. Por otro lado, la gestión del inmueble, tanto desde su construcción, en caso de que sea obra nueva, hasta de su administración diaria, se realiza de manera democrática. Una gestión en la que participan todos los habitantes del edificio en condición de igualdad. Ejerciendo sus derechos por medio de la asamblea de cooperativistas y otros órganos internos que tiene la organización. Aunque la finca es propiedad de la cooperativa, las viviendas, de manera individual, se otorgan a los habitantes, en condición de cesión de uso. La cual suele firmarse con carácter indefinido. Asociaciones como Sostre Civic nacieron de la organización espontánea e independiente de personas que tenían dificultades para acceder a la vivienda en el mercado inmobiliario tal y como está constituido. O que apostaban por un modelo de vivienda diferente. Por eso, su lucha está ligada a la de los sindicatos de inquilinas, las Plataformas Anti-desahucios y todos los movimientos sociales que han surgido al paraguas de la exigencia de una vivienda digna. El éxito de la huelga general marcará en gran medida como se intenta resolver el problema de la vivienda los próximos años. Gobierne quien gobierne. Si la sociedad nos mantenemos unidos y firmes en este punto, los especuladores no podrán hacer con nosotros lo que quieran. Expediente Abierto, como Sostre Civic, apoyamos la Huelga General del 11-N. Si quieres saber más sobre las cooperativas de viviendas te recomendamos que visites la web de Sostre Civic, realizan una intensa labor de divulgación. Comparte. Navegación de entradas Nace una nueva radio online. Estas son las pensiones que quieren PP y Vox.