Desahucio mujeresMD16 MADRID, 15/07/2011.- Un niño sujeta un cartel en la concentración que ha tenido lugar hoy en Carabanchel donde decenas de personas se han reunido frente a un piso de la calle Cuevas de Altamira, cerca del Metro de La Peseta, para evitar el desahucio de una vecina y su hijo que no pudieron pagar el alquiler durante 2010 pero ahora está al día de los pagos. La iniciativa, surgida de la Asamblea de Carabanchel del Movimiento 15-M, cuenta con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y ha reunido a unas 200 personas según los convocantes. EFE/Emilio Naranjo

El acceso a la vivienda en España es un problema asfixiante para los trabajadores que se agrava críticamente en las mujeres víctimas de violencia machista. Los desahucios a familias que han sufrido violencia de género evidencian graves brechas en el escudo social en España, donde la falta de alternativas habitacionales choca con la extrema vulnerabilidad.

Sólo en el último año hemos asistido a ejemplos vergonzantes de esto. En Málaga y Barcelona, sendas madres víctimas de maltrato machista y sus hijos menores de edad fueron desalojadas sin que las administraciones garantizaran un realojo. Al mismo tiempo, en Alagón (Zaragoza), Sonia afrontó el lanzamiento judicial junto a sus dos hijas a solo doce días de dar a luz a su tercer bebé.


En Catarroja (Valencia) y en Palma de Mallorca, el drama se repitió al ejecutarse desalojos de mujeres reconocidas legalmente como víctimas, ignorando incluso recursos pendientes. La desprotección alcanza niveles críticos en Madrid, donde una abuela y sus dos nietas —huérfanas tras el asesinato machista de su madre— se vieron en la calle por fallos burocráticos. Asimismo, en Porto Cristo (Mallorca), una madre fue expulsada de su vivienda con sus dos hijos con discapacidad.


En las conclusiones del informe «Mujeres ante los desahucios. Análisis de situación, factores de riesgo y consecuencias» publicado en 2024 por el Instituto de las Mujeres, se revela una cruda realidad. La violencia machista y la falta de vivienda forman un binomio letal: sufrir este maltrato multiplica la vulnerabilidad residencial y obliga a muchas mujeres a elegir entre la calle o el agresor, cronificando su exclusión social y consolidándose como un factor determinante para perder el hogar.


Mujeres y deshucios.

Cada día se ejecutan 44 deshucios en España. Las mujeres en situación de vulnerabilidad y las familias monoparentales son unos de los perfiles más afectados según el Instituto de la Mujer.


El eslabón más extremo de este cóctel letal es el sinhogarismo, un fenómeno que ha experimentado una profunda transformación de género en la última década. Las mujeres representan ya el 23% de las personas en situación de indigencia en España, una cifra que va al alza de forma sostenida. A diferencia de los hombres, la violencia machista es el principal motivo que empuja a las mujeres a perder su hogar. Antes de llegar a la calle, muchas sufren un «sinhogarismo oculto», recurriendo a viviendas precarias, sofás de conocidos o relaciones de explotación para evitar agresiones sexuales, lo que cronifica su deterioro antes de que intervengan las instituciones.


A pesar de la existencia de planes estatales de vivienda, bonificaciones al alquiler y decretos de suspensión de lanzamientos, la respuesta institucional resulta del todo insuficiente. Los colectivos de vivienda llevan tiempo denunciando los fallos estructurales del sistema.

Un parque público de viviendas raquítico.


El parque público de viviendas en España ronda el 3%, en teoría ofrece «acceso preferente» a viviendas sociales. Pero en la práctica, como denuncia la PAH, «no se pueden adjudicar pisos que no existen», lo que colapsa las listas de espera durante años mientras las familias siguen en la calle.


Ante la falta de alternativas estables de larga estancia, los servicios sociales derivan a las víctimas a recursos de emergencia temporales como hostales u hoteles. Esta provisionalidad fragmenta el arraigo de los menores y rompe los procesos de recuperación psicológica.

El propio informe del Instituto de las Mujeres destaca la desprotección del sistema: el 24% de las afectadas manifiesta no haber recibido ninguna ayuda por parte de los servicios sociales oficiales. Ante esta inacción, han sido los colectivos vecinales, la PAH y los sindicatos de vivienda quienes han asumido el rol de red de seguridad y soporte mutuo para frenar los desalojos a pie de calle.

Las ayudas oficiales exigen una densa justificación documental o regularidad administrativa. Esto deja fuera a las mujeres migrantes en situación irregular o con empleos informales, quienes precisamente enfrentan los mayores niveles de violencia.


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Las prórrogas y suspensiones de desahucios solo posponen el problema. Al vencer los plazos sin una alternativa residencial permanente, el desalojo se ejecuta y vuelve a romper la vida de las familias vulnerables.

Para lograr un cambio social efectivo, la alternativa radica en transformar la vivienda en un derecho garantizado mediante un parque público de alquiler permanente y la prohibición por ley de los desahucios sin alternativa habitacional real, superando los parches temporales para ofrecer estabilidad a largo plazo.

Por Amparo del Amo

Actriz y activista por los derechos de la mujer y de los trabajadores. Mujer comprometida con la cultura y las causas sociales.

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