El sábado 17 de mayo, un destacamento de 5 agentes de la policía nacional abate a tiros a un joven de 18 años que portaba un cuchillo en la zona exterior del aeropuerto de Gran Canaria. Por la información que nos ha llegado, el joven tenía problemas psiquiátricos y no nos consta que tuviera antecedentes penales. Te presentamos todos los detalles en esta crónica.
El hecho detonante de la actuación se produce el sábado 17 de mayo a las 18:50. Al parecer, el joven había intentado atracar a un taxista, amenazándolo con un cuchillo de entre 18 y 20 centímetros de hoja.
El joven era nacido en Gambia y había llegado a Canarias hace 4 años en situación irregular.
Durante el altercado, el taxista logró zafarse del asaltante y este le persiguió por la zona donde paran los taxis y los autobuses, con el cuchillo en la mano. La seguridad del aeropuerto dio la voz de alarma y en pocos minutos se personaron en la zona un grupo de agentes de policía, portando su arma reglamentaria.
Según hemos podido ver en las imágenes de la cámara del aeropuerto, los 5 policías se sitúan frente al presunto ladrón. El joven, que se ve acorralado, avanza unos segundos hacia uno de los agentes haciéndole caer al suelo.
En lugar de atacarle, el joven retrocede y comienza a correr de un lado para otro, sin control. Momento que aprovechan los agentes para disparar una ráfaga de 8 tiros, de los cuales 5 impactan en el cuerpo del joven y uno de ellos le da en el cuello. Causándole la muerte en el acto.
Por su forma de actuar todo hace indicar que la situación era nueva para el asaltante. No estaba acostumbrado a enfrentarse a la policía. Se encontraba más nervioso que los testigos. El juzgado de lo penal de Telde ha abierto una investigación para aclarar los hechos.
¿Se podía haber evitado la muerte del aeropuerto de Gran Canaria?
El Sindicato Unificado de Policía defiende la actuación de sus compañeros en este suceso. En una comparecencia ante los medios de comunicación señala que la intervención está completamente justificada y que se realizó de acuerdo a los protocolos de actuación policial. El sujeto estaba armado y había riesgo de causar daños a civiles y a agentes de la ley.
Sin embargo, con otros expertos en manejo de armamento, con los que hemos comentado las imágenes, nos han dicho que se podría haber evitado la muerte. Los policías en todo momento tienen un ángulo de tiro perfecto. Aunque el sujeto estaba en movimiento, era un blanco fácil.
En lugar de disparar al cuello o al cuerpo, podrían haber dirigido los tiros a las piernas, facilitando la reducción del sospechoso.
Las situaciones tensas como esta son imprevisibles y uno no sabe cómo va actuar el sujeto armado. Pero se supone que los policías tienen formación suficiente para intervenir en casos de este tipo sin ocasionar la muerte.
Muertes de civiles en actuaciones policiales en España.
Según el periódico El Salto, entre 2015 y 2022 se habrían producido al menos 162 muertes en acciones de las fuerzas de seguridad públicas: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Esquadra y Ertzaintza.
Jorge del Cura, activista pro-derechos humanos, que sigue de cerca este fenómeno, subraya que no existen registros públicos sobre estas muertes, por lo que dar datos con exactitud resulta complicado.
De estas 162 muertes que él ha podido recoger, en solo 25 de ellas, las fuerzas policiales informan sobre la nacionalidad del fallecido. Once casos de los 25 se corresponden con personas extranjeras.
Del Cura opina que los afectados por estas prácticas policiales suelen ser personas pertenecientes a colectivos vulnerables, y en los que muchas veces, ni tan siquiera los familiares conocen las circunstancias de la muerte.
Uno de los rasgos habituales en estos casos son los trastornos mentales. En al menos 20 de los casos recogidos, los muertos padecían alguna enfermedad o trastorno mental que le habría inducido a actuar de una forma agitada en el momento de los hechos.
Otra de las circunstancias de las muertes son aquellas que se producen bajo custodia policial. En dependencias de orden público, como los calabozos. Como sucedió con Stephan Lache en la comisaría de Carabanchel en abril del 2018.
La causa más repetida en estas muertes es “causa natural”, calificación que frena de golpe cualquier tipo de investigación.
¿Puede un policía ir a la cárcel por homicidio?
La abogada penalista Sofía Fernández opina que en teoría “sí”, pero que en la práctica es complicado demostrar la culpabilidad.
La policía tiene derecho a disparar en acto de servicio en defensa propia o para proteger la vida de un inocente, aunque con ello cause la muerte del agresor.
Es considerada defensa propia a efectos de jurisprudencia cuando el agente piense, de forma razonable, que él o un tercero pueda sufrir algún daño corporal grave o la muerte. Se ha llegado a calificar como “homicidio justificable” muertes que se producen en escenas de alta violencia que inducen al uso de la fuerza de forma letal.
La reacción del agente de policía está justificada si es proporcional a la fuerza desatada por el agresor.
Nos estamos moviendo en unos niveles de generalidad tales que culpabilizar una acción policial que se salda con la muerte depende en gran medida de la interpretación de los hechos y de la ley que haga el juez que lleve el caso.
Sucesos como el que se produjo el sábado 17 en el exterior del aeropuerto de Gran Canaria nos hacen dudar sobre sí la policía actúa, aún hoy, con cierto nivel de impunidad.
Estados de todo el mundo han invertido cantidades considerables de dinero en blanquear la imagen de los cuerpos de policía con series y películas. En nuestro país se han rodado algunas que han gozado de cierta popularidad. No debemos olvidar que por muchas series que se hagan, la policía no deja de ser un cuerpo represivo. Es su naturaleza. En un estado de derecho deberíamos aspirar a controlarla.
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